Contra el Barcelona Mafias Point

Con este lema se manifestaron el pasado 29 de octubre cientos de personas delante del recinto de Fira Barcelona, donde tenía lugar la octava edición del Barcelona Meeting Point, una de las ferias inmobiliarias europeas más importante. Hubo un momento de cierta tensión entre policía y manifestantes cuando la primera negó el paso al recinto ferial, pero sin llegar a mayores. Los convocantes del acto de protesta, que rebautizaron el acontecimiento como Barcelona Mafias Point, reclamaban más vivienda social y denunciaban la especulación galopante que impera en la capital catalana. Así, si en 1997 un piso de 40 m² valía siete millones de pesetas, ahora su precio se sitúa en los 28 millones. 

Pero no sólo son estos los males que acechan al incauto barcelonés que desea comprar o alquilar un piso digno con un precio razonable y adecuado a los ridículos salarios que obtienen, no. Existe una enorme variedad de riesgos ante el ciudadano indefenso: alquileres abusivos, hipotecas imposibles, mobbing inmobiliario, desahucios, etc. En la ciudad condal sólo en 2002 se llevaron a cabo 3.675 desahucios, es decir 10 diarios y, por ejemplo, las administraciones han recaudado 2.981 millones de euros con el impuesto de transmisiones patrimoniales por compra-venta de pisos en 2004. Por otra parte, el mobbing inmobiliario acosa al inquilino para que abandone la vivienda y, por tanto, sea más fácil especular con ella. Desde cortes de suministros, a amenazas, matones, subidas abusivas del alquiler, plazos falsos de abandono, etc., y usados tanto por empresas privadas como públicas, según datos de los convocantes de la manifestación

Además, Barcelona ha sufrido una serie de transformaciones urbanas de cariz especulativo a partir de los Planes Especiales de Reforma Interior, que han llevado a que se incremente de manera exponencial el precio de la vivienda. Los vecinos se movilizan contra los planes de elitización y especulación de barrios como Gràcia, Ciutat Vella o la Barceloneta, el polígono 22@ o el Fòrum. El resultado es que se está expulsando a los inquilinos de clases bajas por unos alquileres abusivos. A todo esto hay que añadir la inoperancia, cuando no connivencia, de la Administración, que no hace nada por que las más de 307.859 viviendas que se encuentran vacías en Barcelona salgan al mercado y lo hagan por un alquiler razonable. Es más, las previsiones del Plan Municipal de Vivienda 2004-2007 sólo dan cobertura a un 2,25% de las 450.000 personas en Barcelona cuya situación económica exige viviendas asequibles. Y todo esto se produce con gobiernos de ‘izquierdas’ en el municipio, la comunidad autónoma y el Estado central, y con una sociedad civil anestesiada frente a un problema que afecta a todos pero que no llegó a congregar ni a mil manifestantes.

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