Más pasos para la privatización encubierta

Colectivos de Estudiantes, profesores y madres continúan con la denuncia de la apuesta del Tripartit por la gestión privada del sistema público de educación. 

El 7 de abril se reúnen los sindicatos catalanes de profesores de enseñanzas no universitarias para decidir cómo se concretan las próximas movilizaciones. El Govern de Catalunya no tiene previsto congelar diferentes medidas anunciadas como el decreto de autonomía de centros y el de dirección después de la huelga. Ante ello los sindicatos han decidido mantener la movilizaciones después de la primera reunión intersindical posterior al 17-M, la cuarta que se realiza bajo el mandato del actual conseller d’Educació del Gobierno catalán, Ernest Maragall. 

De momento, sigue sin dar respuestas a las demandas de los profesores. En este sentido, Rosa Canyadell, representante de Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC), sindicato mayoritario en la educación pública, señala que “aunque afirman tener voluntad de diálogo, en verdad no están dispuestos a cambiar ni un ápice sus reformas”. “La respuesta sindical debe ser unitaria frente a un conseller intransigente y con escasa sensibilidad social”, afirma Emili Cortavitarte, portavoz de CGT, que añade que Maragall tiene una actitud hostil, ya que “en estos años no ha conseguido ni un solo pacto con ninguna central sindical, y que aprobó la Llei d’Educació de Catalunya, que regula el sector, con todo el profesorado en contra”.

La del 17 de marzo, según indican representantes de los trabajadores y de los estudiantes consultados, ha sido una huelga poco corporativa. “No pedimos aumentos de sueldo ni mejoras laborales, sino que luchamos por mantener un modelo de educación pública”, afirma Canyadell. El principal motivo para ir a la huelga fue el decreto de autonomía de centros y la falta de actitud negociadora del equipo del conseller. En opinión de los sindicatos este decreto se está cargando los principios democráticos, de redistribución de la riqueza y de igualdad de oportunidades del sistema público de enseñanza para promover su privatización encubierta: gestión privada y titularidad pública. “Es el modelo norteamericano y anglosajón que ya se ha demostrado fracasado”, afirma Cortavitarte.

Sin gestión democrática
La nueva norma de autonomía de centros acaba con la gestión democrática de la comunidad escolar a partir del claustro de profesores y del consejo escolar, para “profesionalizarla” a partir de la figura de un director “omnipotente” que podrá imponer su proyecto. Una situación que se ha agravado con el decreto de dirección, posterior a la huelga, por el cual, según señala Pere Solà, profesor de Historia de la Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona, el director actuará como un empresario. Solà acusa al Govern de “no escuchar a los profesores”.

El nuevo sistema fiará la educación a las direcciones que tendrán libertad de presupuesto y de selección de personal, de creación de puestos de trabajo, de promoción interna y de incoación de expedientes. Los dos decretos establecen criterios de competencia entre centros y profesores, implantando en las escuelas e institutos una lógica del mercado más que pública. “El decreto de autonomía desregula las condiciones de trabajo de los profesores –les hace competir entre ellos por su promoción individual–, y dificulta el necesario trabajo en equipo y la participación en la gestión de los centros de toda la comunidad educativa, que es la que conoce de cerca lo que pasa en las aulas”, afirma Canyadell.

El decreto también impulsa la competencia y la desigualdad entre centros, cuando determina que cada uno debe negociar sus dotaciones económicas en función de su proyecto educativo y de sus resultados académicos y no en función de criterios objetivos como hasta ahora. “No se tendrán en cuenta las dificultades socioeconómicas o de integración que puedan tener los alumnos: una escuela es algo más que los contenidos, es lo que se vive en la familia y en tu entorno, y sus necesidades”, afirma Anna del Pino, representante de l’Associació d’Estudiants Progressistes. Esta competencia dará lugar a que unos determinados centros públicos se conviertan en espacios educativos de élite en contraposición a los que alberguen malos resultados que contarán, además, “lo que ataca la igualdad de oportunidades y es clasista”, según del Pino porque “no se dotará según necesidades sino según resultados académicos”.

Esta filosofía “no es la del interés público que tiene que garantizar los recursos, sobre todo donde hacen más falta”, añade Cortavitarte quien señala que sólo se busca la eficacia económica sin tener en cuenta factores sociales, “quieren excelencia con dotaciones de suficiencia”, añade.

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